Tras los incendios, el debate legislativo que viene: la venta de campos quemados 

En un nuevo frente de conflicto con el agro, en los últimos días resurgió la posibilidad de venta de te­rrenos quemados. El debate ya se habría iniciado en la Legislatura provincial y en el Congreso, donde ya se propuso que se derogue la ley que prohíbe la venta de terrenos incendiados. Des­de finales del 2020 el Go­bierno nacional promulgó la Ley de Manejo del Fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidenta­les o intencionales y pro­híbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evi­tar prácticas especulativas y emprendimientos inmo­biliarios.

Según el Instituto Nacio­nal de Tecnología Agrope­cuaria (Inta), hasta el 27 de febrero se quemó el 12% de la superficie provincial, lo que representa 1.042.514 hectáreas devoradas por el fuego. Una de las zonas más afectadas con las quemas son los Esteros del Iberá.

En las últimas horas, el presidente del bloque Fren­te de Todos en la Cámara de Diputados de Corrientes, Miguel Arias, pidió "salvar al campo correntino" y re­chazó la pretensión de la alianza ECO-Juntos por el Cambio de habilitar "la ven­ta por monedas de tierras quemadas" de los pequeños y medianos productores. 

"Estamos trabajando para exigir que el Estado provin­cial apoye, con los recursos que manda la Nación, a los que perdieron todo en los incendios. Trabajamos para que ningún correntino deba vender su campo quemado por monedas", afirmó el di­putado justicialista.

"No a la derogación de la Ley Nacional 27604, que protege nuestros recursos naturales y a nuestros pe­queños y medianos produc­tores", agregó el presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara baja provin­cial. "La Nación ya destinó a la Provincia durante el ve­rano más de 12 mil millones de pesos para atender los daños por la sequía y los in­cendios de campos", afir­mó el diputado del Frente de Todos.

El libreño Miguel Arias se expresó este viernes en sus redes sociales donde reiteró las palabras que expresó en la sesión del miércoles pasado cuando rechazó la pretensión del bloque Encuentro por Co­rrientes.

El bloque ECO votó una resolución en la que pide al Congreso Nacional derogar la Ley 27604 que establece la prohibición de vender campos que sufren incen­dios. Arias consideró que esa derogación habilita el abuso de la triste situación que padecen los pequeños y medianos productores del campo correntino porque les pueden pagar "monedas" por sus tierras teniendo en cuenta el desastre de los incendios y la prolongada sequía.

El artículo 22 bis de la norma establece, desde diciembre de 2019, que se prohíbe la venta "en caso de incendios, sean estos pro­vocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garan­tizar las condiciones para la restauración de las superfi­cies incendiadas".

QUÉ DICE LA LEY 

La Ley 27604 fue impul­sada por Máximo Kirchner y criticada duramente por las entidades rurales. San­cionada el 4 de diciembre de 2020, modifica el artículo 22 bis de la Ley 26815, vincula­do al manejo del fuego. De esta forma, se especifica que "en caso de incendios, sean estos provocados o acciden­tales, que quemen vegeta­ción viva o muerta, en bos­ques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente re­conocidas y humedales, a fin de garantizar las condicio­nes para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción" determinadas acciones. Entre las acciones que se prohíben se encuen­tra "realizar modificaciones en el uso y destino que di­chas superficies poseían con anterioridad al incendio", así como "la división o sub­división, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendi­miento inmobiliario, distin­to al arrendamiento y venta, de tierras particulares".

Tampoco se podrá proce­der a "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parce­lamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendi­miento inmobiliario, dis­tinto al arrendamiento, de tierras fiscales"; ni realizar "cualquier actividad agro­pecuaria que sea distinta al uso y destino que la super­ficie tuviera al momento del incendio". Además se incorpora -entre otras modi­ficaciones- el artículo 22 de la Ley 26815 de Manejo del Fuego, que establece que "la prohibición establecida en el artículo 22 bis será extendi­da si así lo indicase el Orde­namiento Territorial de los Bosques Nativos de la juris­dicción correspondiente".s

Actualmente rige una ley que impide que se desarrollen negocios inmo­biliarios durante 30 a 60 años en te­rrenos quemados intencionalmente. 

EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES EL 12% DEL TERRITORIO CORRENTINO RESULTÓ DEVASTADO POR LOS INCENDIOS. 

Juntos por el Cambio reclama la derogación

A nivel nacional los diputados de Juntos por el Cambio; Gerardo Mil­man, de PRO; y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, presentaron sendos proyectos en idéntico sentido. Ambos están acompañados por sus respecti­vos bloques.

"Pedimos la derogación de la Ley 27604 que fue impulsada por Máxi­mo Kirchner, pues presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohíbe la venta de las mismas tierras incendiadas", argumentó el diputado Milman. "No contempla que los incen­dios pueden ser provocados por otros factores, como los naturales. Por eso, esta ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anu­lación", enfatizó.

En similar sentido se expresó la di­putada Zuvic cuyo bloque, además de reclamar la derogación de la ley im­pulsada por Kirchner, impulsará otra iniciativa de alivio fiscal a los produc­tores afectados por incendios. "Está claro que la ley en cuestión se asienta sobre la peligrosa generalización de suponer la existencia de una especu­lación e intencionalidad detrás de los incendios, fijando inmediatamente la responsabilidad a los propietarios sos­tuvo. Existiendo múltiples razones por las cuales se origina el fuego y habida cuenta de los enormes perjuicios eco­nómicos que se encuentran hoy su­friendo los miles de afectados por las llamas, es evidente que el objetivo de la ley es únicamente castigar al propie­tario, sin ningún objetivo de conserva­ción y protección ambiental real".

Los diputados de la Coalición Cívica reclamaron que se cite al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, para que detalle las acciones que realiza su car­tera para mitigar los incendios.